FVBCH, IFEX-ALC y SIP a la ONU informe sobre situación en Nicaragua

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La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) en colaboración con la red IFEX-ALC –que defiende la libertad de expresión y prensa en 15 países de América Latina y el Caribe–y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un Informe Alternativo al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que refleja las sistemáticas violaciones a la libertad de prensa y al acceso a la información pública que enfrenta el periodismo independiente en Nicaragua.

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes. La lista de cuestiones a presentar al Estado en este proceso de evaluación se adoptará del 14 de octubre al 8 de noviembre de 2019.

El Informe Alternativo recoge el estado de la libertad de expresión en Nicaragua, el acceso a la información y las constantes violaciones a los Derechos Humanos de periodistas y medios independientes cometidas por el régimen de Daniel Ortega durante la última década, siendo el caso más grave el asesinato del periodista Ángel Gahona, ocurrido en Bluefields el 20 de abril del 2018, tras el estallido de las protestas cívicas.

Las organizaciones demandan, entre otras cosas, una investigación exhaustiva e independiente del asesinato del periodista Gahona; la devolución de las propiedades de los medios independientes, allanadas y confiscadas por el gobierno, como: el Canal 100% Noticias y las instalaciones de Confidencial y Esta Semana; el cierre de los expedientes judiciales en contra de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, quienes fueron encarcelados durante 172 días, por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de informar a la población, la cancelación de sus antecedentes penales y la devolución de sus bienes ocupados.

FVBCH, IFEX-ALC y la SIP además exigen el cese de las agresiones físicas, la intimidación y las amenazas por parte de grupos parapoliciales y paramilitares, así como la persecución, difamación, acoso y uso de lenguaje estigmatizante en contra de periodistas independientes y personas defensoras de Derechos Humanos.

El Informe señala la importancia de que el Estado cumpla con las medidas cautelares a favor de los periodistas, familiares, defensores de derechos humanos y garantice el retorno seguro de más de 91 periodistas que se encuentran en el exilio.

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